Cuando se reflexiona sobre la amplia gama de mecanismos diseñados para el control de la legalidad y la garantía de protección de los derechos ciudadanos frente al actuar de la Administración Pública, los recursos administrativos adquieren una connotación especial. Tal así es, que el reconocimiento a los administrados de la posibilidad de impugnar las decisiones administrativas por este medio, constituye una apuesta no solo por su protección individual, sino también por el propósito de garantizar la adecuada gestión de los intereses generales.
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